A veinte años de la masacre de Haximú, una reciente investigación denuncia la violación de derechos indígenas y ambientales en la Amazonia venezolana

Esta investigación ha sido promovida por el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (Wataniba) conjuntamente con la Red Jurídica Amazónica (RAMA), con el objeto de generar un debate en torno a la minería, a propósito de cumplirse 20 años de la “Masacre de Haximú”, en la que fueron asesinados 16 indígenas yanomami, por mineros ilegales brasileros (garimpeiros), en el extremo sureste del estado Amazonas, Venezuela.

Este asesinato constituye un acontecimiento que ha marcado la vida del pueblo yanomami en las dos últimas décadas, sobretodo por la situación que este hecho devela: la presencia violenta e incontrolada de cientos de mineros ilegales provenientes de Brasil, comúnmente llamados “garimpeiros”.

Este trabajo pretende llamar la atención sobre la actividad minera ilegal que continúa practicándose en su territorio, sin haberse logrado la implementación de programas permanentes de control y vigilancia. En la actualidad hay evidencias de garimpo en toda la zona del Alto Ocamo, en el Siapa y en otras zonas del extremo sureste de Venezuela.

Se ha querido destacar la inminente ejecución de la nueva política minera del Estado venezolano, promovida por el Gobierno desde 2011, la cual incluye exploración y explotación de minerales (oro, diamantes, bauxita, coltán, hierro, uranio, etc.) al sur del Orinoco (Arco Minero del Orinoco), en convenio con diferentes países y empresas trasnacionales (CITIC Group).

Pareciera entonces que se intenta ampliar el espectro del anclado rentismo petrolero, pasando a un extractivismo minero generalizado, y esto no sólo a costa de las graves consecuencias ambientales, sino de las amenazas a la vida colectiva de los pueblos indígenas.

En este sentido, los derechos constitucionales de los pueblos originarios –tan valorados en términos de reconocimiento– el derecho a la demarcación de sus hábitats y tierras, los derechos culturales y la consulta previa e informada, pasan de una lenta e insuficiente implementación, a una posible violación.

Fuente: COICA, www.coica.org.ec
Fecha: 27/5/2016

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