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Las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos finalizadas en Panamá fueron sede de las protestas indígenas, con foco en las obras hidroeléctricas que destruyen sus territorios

Representantes de pueblos indígenas de Panamá y Honduras entre otros, aprovecharon las recientes sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el istmo para denunciar abusos contra sus derechos humanos y territoriales.

La situación de la hidroeléctrica de Barro Blanco (que afecta a la comarca Ngäbe Buglé), la falta de ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y el incumplimiento del fallo de la Corte Interamericana, en el que se condenó al Estado panameño por la construcción del embalse de la hidroeléctrica de Bayano en tierras kuna y emberá protagonizaron el centro de los reclamos.

Además de la presencia de representaciones de los pueblos kuna, embera y ngabe buglé, como el Movimiento Indígena M-10 Ngäbe Buglé con su referente Wueni Baganá o asesores legales de los kuna como Aresio Valiente, estuvo también manifestando la delegación del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, con su Coordinador General Tomás Gómez a la cabeza.

Los pueblos originarios no fueron los únicos que protestaron frente a la sede de las sesiones ordinarias de la CIDH en Panamá: el descontento generalizado con la justicia de ese país fue el común denominador que hizo que grupos no indígenas se sumaran a los reclamos.

Una obra hidroeléctrica que no respeta los sitios sagrados

Hace años que en muchos paises de la región los pueblos indigenas levantan su voz en contra de las mega obras hidroelectricas que agreden sus territorios.

Uno de los casos más emblemáticos es el proyecto Barro Blanco ubicado en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, que utiliza las aguas del río Tabasará, con efectos en el distrito de Müna, región Kädriri, comarca Ngäbe Buglé, inundando territorios ancestrales en un área que alberga a comunidades indígenas y campesinas

En un informe técnico que ha sido validado por las organizaciones y miembros de las comunidades afectadas, como el Colectivo Voces Ecológicas, el Movimiento 10 de Abril, la Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino, las autoridades tradicionales de la comarca Ngäbe Buglé y el apoyo del Center for International Environmental Law (CIEL) se pone de manifiesto el impacto ambiental negativo de esta obra sobre los pueblos originarios.

El proyecto –según este informe- afecta directamente las comunidades indígenas de Quebrada Caña, Kiad y Nuevo Palomar, entre otras. Aunque el discurso de los promotores y el gobierno insiste en negar la existencia de impactos a la población indígena y la comarca, los resultados de una misión de verificación al área de conflicto realizada en septiembre de 2012 a solicitud de las comunidades afectadas y como resultado de la mesa de diálogo instalada como parte de los Acuerdos de San Lorenzo de marzo de 2012, confirman que el río es usado para la pesca de subsistencia de indígenas y no indígenas, quienes obtienen así una fuente importante de proteína.

Pero el rio es además un lugar de esparcimiento, fuente de agua potable especialmente en verano cuando se reduce la disponibilidad de otras fuentes de agua y vía de acceso y transporte de mercancía hacia otros poblados. Además, el informe deja constancia que los bosques circundantes y dependientes del río proveen de carnes para la alimentación de la población, maderas para viviendas, muebles, pilones y botes, plantas medicinales, materias primas para la producción de artículos de uso personal y comercial, como canastos, sombreros y bolsas.

El informe resalta la presencia en el lugar de sitios sagrados de veneración de los antepasados como aquellos que conservan antiguos petroglifos, siendo la comunidad más afectada un sitio de organización y reunión de los indígenas, producto de su importancia como centro espiritual , educativo y cultural del área, espacio de enseñanza del idioma ngabere, su habla y escritura.

Se reconoce que “durante las sesiones de entrevistas y conversaciones con la comunidad fue posible percibir un fuerte rechazo al desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco. Varios de los entrevistados fueron enfáticos en afirmar que ellos están acostumbrados a contar con el rio, y que no desean que este sea transformado en un lago.

La condena de la justicia internacional

El otro proyecto cuestionado por los indígenas de Panamá es el Embalse de la hidroeléctrica de Bayano . Precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el pasado 16 de diciembre una sentencia condenando al estado de Panamá por la violación del derecho a la propiedad colectiva y los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial del pueblo guna o kuna de Madungandí y de las comunidades emberá de Ipetí y Piriatí.

El despojo se originó con la construcción de una represa hidroeléctrica en la zona del Alto Bayano, Provincia de Panamá, en el año 1972, la cual significó la inundación de parte del territorio indígena en la zona y el desplazamiento de las comunidades que la habitaban hacia tierras alternativas.

La Corte también concluyó que “el Estado había incumplido el deber de adecuar su derecho por no haber dispuesto normas que permitan la delimitación, demarcación y titulación de las tierras colectivas antes del año 2008, en perjuicio de los guna de Mandungandí y emberá de Bayano y sus miembros”

Por ElOrejiverde

Fuentes:
Sara Morales Gallego, Hispantv, ciudad de Panamá
http://www.hispantv.com/noticias/panama/326495/pueblos-indigenas-tierras-colectivas-ddhh-barro-blanco
www.academia.edu
http://www.academia.edu/4249544/Proyecto_Hidroelectrico_Barro_Blanco_Impacto_sobre_los_pueblos_indigenas_y_problemas_de_derechos_humanos
Organizacion Fraternal Negro Hondureña (OFRANEH)
https://ofraneh.wordpress.com/2015/01/09/hidroelectricas-y-pueblos-indigenas-corte-idh-condena-a-panama-por-violaciones-territoriales-a-los-pueblos-guna-y-embera/
Fecha: 12/12/2016

Nota relacionada
Ngäbés de Panamá advierten al Gobierno, 07 de junio 2016

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