Durante tres días se mantuvieron varias reuniones y se destacaron los avances, pero también quedaron de manifiesto las preocupaciones de los originarios, según nos informó anoche nuestro corresponsal.

Los pasados días 24, 25 y 26 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó en la provincia de Salta un monitoreo en las comunidades indígenas. La Comisión estuvo acompañada por autoridades nacionales encabezadas por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, junto a representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto; de Desarrollo Social; del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca así como técnicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y autoridades provinciales

Se mantuvieron varias jornadas de diálogo con diversas comunidades indígenas y familias criollas, observando la implementación de las políticas del Estado para resolver los conflictos territoriales de al menos tres décadas por territorios, algunos de los cuales se encuentran en sede internacional, como el caso Lhaka Honhat. En este conflicto de tierras, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) -en representación de la Asociación Civil Lhaka Honhat- realizaron una denuncia en el año 1998 ante la CIDH, exigiendo la relocalización de las unidades productivas de las familias criollas ubicadas en esas tierras, las que finalmente les fueron cedidas mediante Decreto Provincial nº 2786/07, ratificado por Decreto nº 2398/12. .

El Secretario de Derechos Humanos, destacó que “estamos en presencia de un conflicto indígena originado por la falta de compromiso y de atención por parte de otros gobiernos. Sabemos que los conflictos se resuelven en los territorios donde se producen y no en otros lados, por eso es la sexta visita que hago a la zona. Estamos convencidos de que los esfuerzos de la Argentina por resolver los conflictos territoriales de pueblos originarios como deuda histórica serán reconocidos y valorados por la CIDH, a los fines de arribar a una solución amistosa. Las 400 mil hectáreas que por decreto del gobernador Urtubey ya son de pueblos originarios, se enmarca dentro de este proceso histórico sin antecedentes, donde la Argentina está llegando a las 5 millones de hectáreas instrumentadas con propiedad comunitaria y a 7 millones de hectáreas relevadas por la Ley 26.160″.

Se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo en las ciudades de Salta y Tartagal, con la presencia de todas aquellas autoridades nacionales y provinciales que intervienen en el caso, los peticionarios y sus representantes (CELS). A su vez, los funcionarios de la CIDH tuvieron la oportunidad de constatar en terreno el progreso de las obras realizadas por distintas áreas del gobierno nacional con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona, así como los trabajos de demarcación y amojonamiento del territorio y los avances en los nuevos acuerdos de parte que propicia la Unidad Ejecutora Provincial.

Se destacó asimismo que en el mes de mayo de 2014, el Gobierno Provincial dictó el Decreto nº 1498/14 que reconoce y transfiere la propiedad comunitaria de 400 mil hectáreas a 71 comunidades indígenas y destina 243 mil hectáreas para las aproximadamente 400 familias criollas.

Preocupación indígena por la continuidad de los conflictos

ElOrejiverde se comunicó anoche con nuestro corresponsal Francisco Soria, miembro de la comunidad Yacuy, Presidente del Centro Único Guaraní y representante ante el CPI (Consejo de Participación Indígena) para consultarlos acerca de la presencia de la CIDH y los funcionarios nacionales y provinciales. Soria nos confirmó las reuniones y los diálogos, pero al mismo tiempo señaló estar “preocupado por la continuidad de muchos conflictos territoriales y la desprotección jurídica en que se encuentran muchas de las comunidades que están en litigio con los terratenientes.”

“Hay unos cuatro desalojos pendientes y el relevamiento de tierras se esta haciendo en cámara lenta”. Soria se refiere al relevamiento de las tierras indígenas que el gobierno nacional lleva adelante desde hace unos años en cumplimiento de la ley 21620, proceso del cual ElOrejiverde dio cuenta en su edición del 21 de julio pasado

“No necesitamos abogados científicos que están en Buenos Aires y ven las cosas desde allá, necesitamos gente acá, que nos ayude en la parte jurídica, porque los abogados del IPI -Instituto Provincial Indígena- no dan abasto para cubrir nuestras necesidades” concluyó.

Soria y varios referentes indígenas están preparando un documento especialmente dedicado a estas cuestiones y que será presentado en los próximos días tanto al gobierno nacional como provincial, comprometiéndose a enviarnos una copia del mismo para su difusión.

Fuentes: de nuestro corresponsal Francisco Soria, comunidad Yacuy, Salta ; Pressenza, Tartagal, Salta, Redacción Argentina
Fecha: 2/09/2015