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Los familiares de la líder indígena lenca reclaman a las autoridades hondureñas que procedan con "la captura, enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales" del crimen

Según un informe que acaba de ser difundido por varias fuentes autorizadas, distintos medios y agencias de noticias, el asesinato de la dirigente lenca, ambientalista y activista Berta Cáceres, en marzo de 2016, fue ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña DESA, responsable de la hidroeléctrica Agua Zarca, en alianza con fuerzas de seguridad del Estado.

Dicho informe señala que el crimen de Cáceres "fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima), quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia" no solo de la dirigente sino también de miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

El informe se titula “Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres” y fue presentado la semana pasada en Tegucigalpa por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE), una instancia independiente creada en noviembre de 2016 por la familia de Berta, con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, para investigar el crimen. Asistieron a la presentación Berta Flores, madre de la líder y tres de sus cuatro hijos: Berta, Laura y Olivia Zúñiga.

Un informe que confirma las presunciones y denuncias previas

Berta Zúñiga Cáceres dijo a EFE que para su familia "no es una sorpresa" lo que señala el informe. "Siempre dijimos que nuestra principal sospecha provenía de una autoría intelectual de la Empresa DESA, siempre hemos pedido una investigación", señaló.

Destacó que el informe revela "una evidencia tan clara que demuestra la participación de cada uno y describe el modus operandi de directivos de la empresa articulados con funcionarios del Estado" en el crimen de su madre.

Cáceres, Coordinadora General del COPINH, cargo que ahora ocupa su hija Berta, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, siendo el único testigo el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien ese día era su huésped y resultó herido.

Por ese entonces Cáceres encabezaba un gran movimiento que se oponía a la construcción de una represa hidroeléctrica por parte de DESA en el occidente de Honduras, que por su impacto ambiental y cultural afectaba gravemente a los territorios históricamente habitados por los indígenas.

Hasta el momento hay ocho personas detenidas, entre quienes estarían los autores materiales del crimen, que aún no ha sido resuelto. La hija de Cáceres dijo que espera que las autoridades hondureñas procedan a "la captura, enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales" porque, según el informe, "hay suficiente pruebas para hacer ya mismo detenciones".

Destacó que su familia ha reclamado "la responsabilidad" del Estado hondureño por no haber protegido a su madre, quien gozaba desde 2009 de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de haber denunciado amenazas de DESA por haber encabezado movilizaciones contra la construcción de la hidroeléctrica.
"Hemos reclamado la responsabilidad del Estado por el deber de protección, ella tenía medidas cautelares y esta omisión fue muy propicia para que se ejecutará el crimen", subrayó.
Por su parte Berta Flores, madre de Cáceres dijo que “El Ministerio Público de Honduras no ha tenido la voluntad de hacer justicia completa y, por contrario, ha tratado de encubrir a los poderosos involucrados". Denunció que el poder político de su país "interfiere para proteger la autoría intelectual de este repudiable crimen", y exigió que "se capture y castigue con todo el peso de la ley a los asesinos de mi hija".

Miguel Ángel Urbina, abogado y miembro de GAIPE, sostuvo que el crimen de Cáceres no es un hecho "casual", sino el resultado de una "planificación" de ejecutivos de DESA, responsable de la hidroeléctrica Agua Zarca, indicando además que uno de los detenidos, identificado como Emerson Duarte, a quien las autoridades le decomisaron un revólver con el que habría sido asesinada la ambientalista, "no tiene ninguna vinculación" con el crimen.

El GAIPE considera que la investigación realizada hasta ahora por el Ministerio Público ha sido "insuficiente e incompleta", pues "aún falta identificar la totalidad de personas responsables que participaron en el asesinato" (….) “Pese a que ocho personas han sido sindicados como autores materiales del asesinato, el Ministerio Público no ha mostrado avances en relación a las autorías intelectuales, pese a que cuenta con evidencia suficiente para impulsar nuevas líneas de investigación”.

El informe asegura que lo investigado hasta aqui “evidencia el vínculo de funcionarios estatales y no estatales de alto nivel en el asesinato”.

Fuentes:
AFP
EFE
Público
http://www.publico.es/sociedad/informe-afirma-hidroelectrica-ordeno-asesinato-berta-caceres.html
Nodal
https://www.nodal.am/2017/11/honduras-empresarios-agentes-estatales-planearon-asesinato-la-ambientalista-berta-caceres-segun-informe/
Europa Press
http://www.europapress.es/internacional/noticia-miembros-fuerzas-honduras-hidroelectrica-habrian-conspirado-asesinar-berta-caceres-20171101033006.html
Diario Norte
http://www.diarionorte.com/article/159052/honduras-las-fuerzas-de-seguridad-habrian-asesinado-a-berta-caceres-por-cuenta-de-una-hidroelectrica-
Fecha: 6/11/2017

Para más información
Se recomienda el artículo "Capitalismo y crimen, valga la redundancia: A propósito del libro La empresa criminal, de Steve Tombs y David Whyte", publicado en Crónica Popular por Pedro López López, Profesor de la Universidad Complutense:
https://www.cronicapopular.es/2017/01/capitalismo-y-crimen-valga-la-redundancia-a-proposito-del-libro-la-empresa-criminal-de-steve-tombs-y-david-whyte/

Agradecemos al autor el haber compartido la noticia del Informe del GAIPE

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