Se presentó en Salta un proyecto de Ley que otorga rango ministerial a la nueva cartera y más allá de que solo el tiempo permitirá apreciar la eficacia de la medida ¿podrá ser un antecedente para replicar en la Administración Nacional?

La modificación a la Ley de Ministerios de la provincia de Salta, enviada en proyecto de ley el pasado 30 de noviembre a la Legislatura por el gobernador Juan Manuel Urtubey, establece la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, el primero del país.

Esta cartera se sumará a la nueva Jefatura de Gabinete y los ministerios de Infraestructura, Tierra y Vivienda, y Hacienda y Finanzas, creados también en esta oportunidad. Con esta nueva cartera pensada en pos de la defensa de los derechos de los pueblos originarios, son dos los ministerios que poseería Salta y con los que seguiría marcando una diferencia en la materia en la Argentina, al ser la primera y única provincia en crear el Ministerio de la Primera Infancia.

Quien sea designado ministro en la cartera de de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario deberá asistir al gobernador respecto a las políticas orientadas a este sector. En especial deberá garantizar la implementación de las medidas necesarias para asegurar el reconocimiento y respeto a la identidad cultural, la posesión y propiedad comunitaria de los Pueblos Indígenas salteños.

También deberá entender en la formulación y ejecución de mecanismos que posibiliten, tanto a los pobladores indígenas como no indígenas, el acceso a la regularización dominial de las tierras que tradicionalmente ocupan, con arreglo a procedimientos que garanticen su efectiva participación y el respeto de los derechos de todas las partes involucradas.
Además se ocupará de todo lo relativo al reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades indígenas y la promoción del desarrollo comunitario, especialmente en las áreas rurales y en los pueblos indígenas, respetando sus propios valores culturales.

Por otro lado, deberá ocuparse de la formulación e implementación de políticas referidas a la tercera edad y las políticas sociales activas e integrales de protección de la familia. Otras responsabilidades serán la satisfacción de necesidades básicas de la población vulnerable y de alto riesgo social, con bienes y servicios necesarios a través de la contención y educación y la articulación de acciones con organismos públicos y privados a fin de brindar respuestas eficaces a las problemáticas sociales, particularmente en situaciones críticas.

El proyecto de Ley también establece que el ministro deberá brindar apoyo y fortalecimiento a las organizaciones no gubernamentales de acciones comunitarias y ocuparse de sistemas de información para la administración de todos los programas sociales, provinciales y nacionales, con una base de datos única para obtener indicadores relevantes sobre grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.

Entre sus tantas facultades, también deberá intervenir en las actividades de carácter nacional relacionadas con el desarrollo social de la Provincia y en las acciones tendientes a evitar, compensar o disminuir los efectos que la acción de la naturaleza o de cualquier otro desastre pueda provocar sobre la población y sus bienes.

Hasta aquí la información que se desprende de las fuentes del gobierno provincial y de los medios locales. Para ElOrejiverde la noticia resulta más que interesante porque jerarquiza el lugar de los pueblos indigenas en la estructura del Estado. Y esto lo celebramos. Incluso creemos que puede ser un antecedente para que a futuro la experiencia se replique a nivel de la Administración Central. Sin embargo, debemos estar atentos a que el intento no quede en una mera formalidad y que por el contrario se pueda cumplir con politicas publicas fundadas en el consenso permanente con las comunidades originarias, con su activa participación y sin olvidar que “no se puede hacer politica para los paisanos sin los paisanos”.

Fuentes: www.elintransigente.com/ Indymedia /ElOrejiverde
Fecha: 14/12/2015