La CIQ (Comunidad India Quilmes), que reclama su liberación, tenía a su cargo legalmente la administración de la Ciudad Sagrada, hoy usurpada por un terrateniente y un ex-integrante de esa comunidad.

(De nuestro corresponsal Carlos Catrileo) La Comunidad India Quilmes (CIQ) de Tafí del Valle reclama por la liberación del cacique Francisco Chaile, que se encuentra detenido desde el 6 de junio en la comisaria de la localidad tucumana de Monteros, “bajo imputaciones dudosas”.

La CIQ reside en el departamento de Tafí del Valle, donde la posesión comunitaria y ancestral sobre el territorio está reconocida desde la época de la invasión hispánica mediante una Cédula Real, en abril de 1716, que fue aceptada por el Ministerio Público de Buenos Aires en 1853, explicaron en un comunicado.

En 1992 la ciudad sagrada de Quilmes fue concesionada por la Secretaría de Turismo provincial al empresario Héctor Eduardo Cruz para su explotación económica hasta el 2002. Pero la comunidad reclamó este sitio ancestral como parte de su territorio, cultura y espiritualidad, y en 2007 pudo tomar posesión de esas tierras.

En el 2014 la comunidad comenzó a construir un centro en las instalaciones del museo financiado por el Ente Tucumán Turismo, pero esto fue entorpecido por las acciones judiciales de Cruz en contra del estado provincial.

El año pasado, señalaron, recrudecieron las acciones contra las autoridades indígenas por parte del empresario, su abogado Cristian Fernández y Santos (un ex integrante de la comunidad que pretende desconocer a las autoridades comunitarias y al cacique Chaile), quienes usurparon el predio de la ciudad sagrada.

Este año, cuando la comunidad realizaba una asamblea el 25 de enero, Santos y un grupo minúsculo agredieron física y verbalmente a los concurrentes, incluso a niños y ancianos, causando varios heridos además de arrebatar y destruir el libro de actas, aún en presencia de 30 policías solicitados por la comunidad para garantizar la seguridad, detalla el comunicado.

Chaile "fue detenido el 6 de junio, imputado por robo agravado junto a doce personas, cuando en las actas de la policía no hay ninguna prueba que acredite eso, por lo que probablemente es una causa armada ya que a nosotros no nos ponen a disposición, tampoco, todas las piezas del expediente para ver de que se trata esto”, dijo a Agencia TELAM Belén Leguizamón, del equipo de abogados que lo defiende.

“La policía y la infantería que fueron a detener al cacique actuaron de oficio, ya que no hubo ninguna denuncia. La causa recayó en la fiscal Mónica García de Targa, de Monteros, quien no realizó ninguna investigación al respecto y ahora tiene que decidir el juez de instrucción Mario Velázquez, y nos preocupa porque los jueces de instrucciones generalmente dicen que sí a lo que envía la fiscalía”, indicó la letrada.

“Nos preocupa también que esto no es un hecho aislado; claramente detrás están los intereses de Cruz y evidencia una diferencia que hace la justicia tucumana, que de algún modo afecta el derecho de defensa”, agregó.

“El cacique tiene 73 años, fue operado del riñón y tiene trastornos de la vesícula, por eso estamos tratando de cambiar la situación, ya que ayer nos avisaron que va a quedar detenido por 10 días más", objetó, "justo cuando se viene la feria judicial”.

El dia 7 de julio Delfín Gerónimo, referente de la Unión del Pueblo Nación diaguita (UPND), confirmó que "Hoy el juez hizo lugar a la prisión preventiva, solicitada por la fiscal. Mañana vamos a seguir movilizando en San Miguel de Tucumán". "Vamos a movilizarnos a casa de gobierno de Tucumán y después vamos a realizar una asamblea, para determinar que medidas tomamos", aseguró.