Se trata de 370.000 hectáreas en un litigio de larga data entre criollos, indígenas y el Estado. Originarios reunidos en la MOWITOB se oponen a esta decisión que divide a los territorios ancestrales

En el dia de ayer se entregaron finalmente 370 mil hectáreas a indígenas y criollos de la Reserva Grande, luego de un litigio de larga data sobre el cual venimos informando en sucesivas notas. El presidente del Instituto de Colonización, Walter Ferreyra, dijo que la Reserva Grande se entregará con títulos comunitarios que “ya están inscriptos” a las etnias wichí, moqoit y qom en una superficie de 300.000 hectáreas y a los criollos en 70.000.

“Todo está identificado parcelariamente con sus límites linderos como establece la ley. Son tres títulos, cada uno por 100.000 hectáreas para cada una de las etnias”, dijo en declaraciones a FM Universidad y en el marco del acto que el gobernador del Chaco Domingo Peppo encabezó en el Paraje El Malá, en Juan José Castelli. Agregó que se apeló a esta figura legal “para poder hacer entrega de los títulos a las etnias” y que luego “para su administración ellos deben conformar otra figura jurídica”. El padre de Andrea Charole, la presidente del Instituto del Aborigen, Mario Charole fue uno de los impulsores de este objetivo que se concretó ayer.

Con respecto a la entrega de tierras a los criollos dijo Ferreyra que “ellos también son parte de esta reparación histórica porque son la cuarta o quinta generación de habitantes de esos lugares, con antecedentes de radicación en el lugar de entre 130 a 140 años, antes de que se creara esta provincia”, consignó. Asimismo aclaró que “hay que seguir trabajando respecto de la distribución interna de los sectores. Acá no está en discusión la cantidad de hectáreas sino como se distribuyen”. Señaló que “es muy buena la predisposición de las familias” con las que se seguirá trabajando en febrero.
También apuntó que los pueblos qom y moqoit “no son originarios” (sic) del lugar pero acreditaron reclamos y reivindicaciones tras promesas que se habían hecho en otros tiempos. A la vez valoró el aporte de los jefes comunales y que se necesitaba generar esa confianza que permitió avanzar en la propuesta que también permitirá frenar las incursiones depredadoras, apuntando que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas financió la mensura perimetral.

Por su parte el gobernador Peppo reivindicó la lucha de los pueblos originarios para recuperar las tierras y definió la medida como una verdadera reparación histórica : “Si bien es poco en relación con las tierras que les han quitado a lo largo de la historia, representa hoy la reivindicación de esa lucha por recuperarlas”. Afirmó que desde el inicio de su gestión se dedicó a escuchar las posiciones y opiniones de cada uno de los actores, a fin de alcanzar consenso en beneficio de todos. Sostuvo así que inicia un tiempo nuevo de organización, diálogo y encuentro entre cada etnia respecto del uso de sus tierras y pidió que “sea en paz y con respeto”.

Recordó que el proceso de audiencias y búsqueda de consenso entre las tres etnias comenzó hace muchos años y añadió que si bien fue un proceso difícil, hoy dio frutos. “En esa lucha vale destacar la entrega de muchos que pelearon por este sueño”, dijo y mencionó a Cacique Catán, Santos y Mario Charole, entre otros tantos referentes aborígenes.

Sin embargo, el consenso no ha sido pleno en este proceso de adjudicación de tierras.

Interposición de una medida cautelar

Una resolución de la jueza del Juzgado Multifueros de Nueva Pompeya, doctora Noelia Almirón, intentó poner freno a la entrega de los títulos de propiedad de estas tierras a partir de una presentación realizada por dos asociaciones comunitarias que plantearon una medida cautelar de “no innovar”, argumentando que se debe esperar el fallo del Superior Tribunal de Justicia sobre una acción de inconstitucionalidad respecto del proceso de titularización de las tierras.
En la resolución la magistrada manifiesta “hacer lugar a la medida cautelar de No Innovar, ordenando al Poder Ejecutivo Provincial se abstenga a partir de la notificación de hacer entregas de títulos de propiedad de las denominadas tierras Reserva Grande hasta la emisión de un pronunciamiento en los autos caratulados “Organización de los Pueblos Indígenas Mowitob S/ acción de Inconstitucionalidad”. La jueza libró oficios al Instituto de Colonización del Chaco, al Poder Ejecutivo Provincial y a la Fiscalía de Estado “a fin de que tomen debida razón de lo ordenado en autos”.

Todo surgió a partir de una presentación realizada el 14 de diciembre en los Tribunales de Pompeya por integrantes de la Asociación Comunitaria Misión Nueva Pompeya y Asociación Comunitaria Niyaj, con el patrocinio letrado de la abogada Vanina Balverde, defensora oficial Multifueros. Entre otros puntos, cuestionan la constitucionalidad y la legitimidad de la resolución 2640 del Instituto de Colonización del Chaco con fecha 1 de diciembre de 2015 y de los sucesivos decretos del Poder Ejecutivo.

Oposición de la Mowitob

A su vez, autoridades de los Pueblos Qom, Moqoit y Wichi, organizados en la Mowitob, presentaron una carta a los Jueces y Juezas del Superior Tribunal de Chaco, donde denuncian que el gobierno provincial está “intercambiando tierra indígena por tierra pública” y exhortan al Estado a respetar las garantías constitucionales de los Pueblos Indígenas que habitan en la Reserva Grande. Reproducimos la carta en su totalidad.

“Documento público de posición ante la Reserva Grande Carta a las juezas y a los jueces del Superior Tribunal de Chaco, Sres./as. jueces/zas:-
Art.37.-La Provincia reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su identidad étnica y cultural; (…) propiedad comunitaria inmediata de la tierra que tradicionalmente ocupan y las otorgadas en reserva. (…). Serán inembargables, imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a terceros. (…) Constitución Provincial (CP) de Chaco.-

Los/as abajo firmantes estamos convencidos/as que hacer lo prohibido por la CP de manera expresa, lastima profundamente la democracia. No sólo viola irremediablemente los derechos de los Pueblos Indígenas, sino que produce una herida en el Estado de Derecho, que nos vuelve una provincia con menos derechos. Desde el año 2013, con la repentina resolución donde Defensor del Pueblo Corregido, que pedía que suspendieran los derechos indígenas de propiedad sobre la Reserva Grande, hemos comenzado un camino de dolor y violación de derechos sobre el territorio inimaginable.

Antes de esa fecha, se hicieron decretos que reconocían la mensura perimetral, luego la persona jurídica MOWITOB, luego avisaron que entregarían el título único de la Reserva Grande. Y luego se deshizo todo el camino andado. Aparecieron nuevos decretos, y con ellos la división del territorio indígena expresamente prohibida por la CP. También dijeron haber consultado a los pueblos indígenas con la intervención del Defensor del Pueblo como veedor, pero ya ven, el “veedor” ya había opinado previamente. Dijeron que la consulta era “previa”, pero llegaron con mapas de división del territorio ya realizadas. También dijeron que era “participativa”, pero la Unidad de Gestión –que esos decretos creaban- no había ningún indígena que no fuera funcionario del Estado de la Provincia. Finalmente dijeron que había un “consenso absoluto” de los pueblos indígenas, pero ya ven, esta nota la firman también personas indígenas que no opinan lo mismo.

Creemos que el fruto de la Justicia, no puede madurar sino al calor de la Democracia, y que lastimar la Constitución no hace sino poner a los pueblos indígenas en mayor posición de vulneración. Esta “idea” contra-constitucional la expresa el Presidente del Instituto de Colonización, cuando afirma públicamente que las reservas hacen referencia “a tierras ya titularizadas, esto es un estado anterior” en el mismo sentido afirmó en otro medio “es un estadio previo a la propiedad, y se trata de una reserva”. Creemos que expresan el profundo racismo que inspira sus declaraciones. Los derechos indígenas nunca son previos (anteriores), son preexistentes. Rechazamos las ideas regresivas en derechos humanos, y llamamos la atención al Ministerio Público Fiscal, porque los/as funcionarios/as están llamados a respetar la Constitución, siempre. No hacerlo supone una ruptura institucional que pone en tensión a los otros poderes. Ha entrado cientos de veces al territorio ancestral sin ninguna orden de allanamiento ni instrumento similar.

Nos duele que siempre los pueblos indígenas están en posición de discusión de sus derechos, porque a 20 años de la reforma de 1994, no tienen certezas de sus derechos aún.
El racismo permite cambiar derechos como si se tratara de monedas de cambio, engañando a los pueblos indígenas con consultas hechas de mala fe: de ningún modo se puede consultar de buena fe la pérdida de un derecho.

Ningún pueblo indígena de Chaco, ni la única autoridad indígena de la Reserva Grande (MOWITOB) han pedido el desalojo de pobladores criollos de la Reserva Grande, a la fecha. Aun cuando es su derecho, nunca lo pidieron. ¿Porque los funcionarios involucrados hablan de pacificar?. Cuando hablan de “pacificar” el mundo indígena retrotraemos 150 años de desarrollo de derechos al menos, cuando la primera Constitución Nacional (CN) imponía el deber de mantener el trato pacífico con los indígenas (“mantener el trato pacífico con los indios”, ex Art. 67 inc. 15 CN). Acá no hay una guerra que pacificar. Acá hay derechos conquistados por años de luchas que deben ser garantizados por el Estado, y por sus tres poderes. Que digan la verdad, digan que están intercambiando tierra indígena por tierra pública. Nosotros les decimos nuestra verdad: eso es ilegal porque lo prohíbe la CP.

Venimos al Superior Tribunal, para que sepa nuestra opinión, no como “partes procesales” sino para que sepa que nos sentimos agobiados. Ni siquiera el Poder Judicial de grados inferiores como la Cámara Contencioso Administrativa (Expte. 8013/16) o el Juzgado Civil Nº 6 (Expte. 454/07). En ambos expedientes, tuvimos que soportar como se restringen derechos a los pueblos indígenas, haciendo caso omiso a CP, Nacional y al sistema de derechos humanos convencional, so pretexto de artimañas procesales que no hacen más que dilatar la resolución sobre el fondo de la cuestión.

Por eso esperamos que el Superior Tribunal, al que hemos escuchado hablar de Reglas de Brasilia, del Convenio 169 OIT, del Pacto de San José, y de tantas normas que cuidan a los pueblos indígenas, a pedirles un favor: No nos beneficien con un resultado, beneficien al pueblo de Chaco, y a los pueblos indígenas con más democracia. Que algún día el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asuman que verdaderamente los pueblos indígenas son Sujetos de Derechos, y llegará el día en el que dejarán de lastimar la democracia con racismo. Sin otro en particular, saludamos a Ustedes. Autoridades del pueblo qom, mocoit, y wichi.Asociación Mowitob”

Por ElOrejiverde

Fuentes:
Asociación Mowitob
Norte
http://www.diarionorte.com/article/146257/el-gobernador-peppo-reivindico-la-lucha-de-los-pueblos-originarios-para-recuperar-las-tierras
http://www.diarionorte.com/article/146212/hoy-se-entregan-las-370-mil-hectareas-a-aborigenes-y-criollos-de-la-reserva-grande Endepa
www.endepa.org.ar
Fecha: 16/12/2016

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