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Se agrava el conflicto entre miembros del pueblo preexistente ocloya y un terrateniente del lugar. Aquí el comunicado completo del CDCAPO

Domingo 08 de Abril de 2018

El Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (CDCAPO) Personería Jurídica Federal Nº 1.241 Resolución INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) 328/10 con el acompañamiento de los Delegados del Consejo de Participación Indígena (CPI) y el Consejo de Coordinación Indígena (CCI) del Pueblo Ocloya, denuncia nuevamente los reiterados atropellos, amenazas e intentos de despojo a los miembros de la Comunidad Aborigen Tilquiza – Pueblo Ocloya (CAT-PO), integrante del CDCAPO e informa que la CAT-PO, está ubicada a 17 km en la vera de la ruta provincial Nº 35 – Departamento Doctor Manuel Belgrano – Provincia de Jujuy, quien se encuentra aislada y en alerta permanente por la defensa de sus derechos ancestrales y territoriales, ante los nuevos hechos de violencia sufrido por el accionar del terrateniente Daniel Enrique Verzini y su encargado Ariel Amaranto, quienes impiden paso por camino ancestral.

La situación se agrava en Comunidad Indígena Tilquiza, el nuevo hecho acontecido en el territorio comunitario en cercanías de la Escuela Primaria 329 de Tilquiza, en fecha 31 de marzo de 2018 a horas 17:30 aproximadamente, ocasión en que transitaban Germán Vicente Gaspar junto con su esposa Azucena Díaz y sus hijos, de regreso por el camino ancestral de la comunidad (único camino de paso ya que de lo contrario tienen que caminar por el cauce del río que es muy peligroso), es en ese momento donde una vez más sale al cruce Daniel Enrique Verzini y Ariel Amaranto (a los cuales se les han hecho reiteradas denuncias por amenaza de muerte con arma de fuego e intento de homicidio a miembros de la comunidad), amenazando e increpando, “…no pasen por acá… a vos sobre todo te digo…. te voy a hacer re cagar a vos”, y continuaron amenazando “ya vas a ver cuándo pases…ya vas a ver ya”.

Previamente, en la zona del polígono de tiros del terrateniente (lugar constatado por el Ayudante Fiscal Fernández en el mes de agosto de 2017), Ariel Amaranto, quien amenaza permanentemente, anda armado y hace tiros, además cuenta con antecedentes penales y varias denuncias en su contra desde el año 2010 cuando amenazó de muerte con arma de fuego a la actual diputada provincial Marcela Arjona de la Comisión de Pueblos Indígenas; desde arriba de un tractor hostigaba “cuantas veces te dije que no tenés que pasar por acá”.

Otro hecho suscitado en territorio comunitario en fecha 02 de abril de 2018 a horas 16:00 aproximadamente, cuando transitaban Ramón Jerez, miembro de la Comunidad y Delegado del CPI Nacional del pueblo ocloya, con su esposa y sus hijos de 15 años y 3 años de edad, por el camino ancestral de la comunidad, cerca de la Escuela Primaria 329 de Tilquiza; nuevamente intercepta Daniel Enrique Verzini, quien baja de su camioneta (con la misma que intentó atropellar al Cacique Néstor Jerez el 18 de agosto de 2017) amedrentando y hostigando a la familia, gritando de manera violenta que “por aquí no pueden pasar, pasen por el rio”, a lo que sus hijos tenían mucho miedo por los gritos y los insultos de Enrique Verzini, por lo que continuaron caminando y en el puesto “tilo y mecha” los largaron al perro, un animal grande marrón con manchas negras, muy agresivo que ladraba y los perseguía con actitud de ataque, situación que vivieron como una nueva amenaza por parte de Verzini responsable del animal, realizada con la clara intención de provocar daño y miedo, además las amenazas fueron delante de los niños, generando gran temor en los mismos.

Luego de 20 minutos aproximadamente se hacen presentes un móvil policial N° 682 con efectivos de la provincia de Jujuy, quienes se dirigieron al puesto “el tilo y la mecha”; luego regresaron junto con Enrique Verzini, y se detuvieron en cercanías del Puesto de Salud comunitario en frente de la Escuela Primaria 329 de Tilquiza, al respecto no se tiene conocimiento alguno de las diligencias que los efectivos fueron a realizar en el territorio comunitario, ni tampoco bajo la orden de qué fiscalía intervinieron en el mismo. Desde el mes de enero, se nota la presencia de personas no identificadas, con apariencia de matones/sicarios o agentes de seguridad que están cada vez que los miembros de la comunidad transitan por la senda ancestral en el puesto “el tilo y la mecha” los cuales fueron supuestamente contratados por Daniel Enrique Verzini, según relato que le hacen al Cacique. Estos reiterados hechos denunciados contra Enrique Daniel Verzini y Ariel Amaranto, implican un serio riesgo para los integrantes de la comunidad que continuamente sufren el atropello, las amenazas y el amedrentamiento por parte de estas personas violentas, afectando principalmente a los niños que temen por los ataques que puedan sufrir sus padres o ellos mismos, por las continuas amenazas que padecen los integrantes de la comunidad, estas acciones son reiteradas y muy agresivas y la padecen desde el año 2010 a la fecha.

Vulnerando todos los Derechos Humanos y Constitucionales, al libre tránsito, a la salud, al desarrollo con identidad y a una vida digna como indígenas de acuerdo a las prácticas y tradiciones, las que se vinculan directamente con el territorio. Al respecto cabe mencionar que en relación al territorio ancestral de la mencionada comunidad, se encuentra iniciado juicio de instrumentación de la propiedad comunitaria indígena Exptes.B-253.520/2011, radicado en Cámara Civil y Comercial, Sala 2, Caratulado “Prescripción Ancestral”: Comunidad Aborigen Tilquiza C/ Amar, Elizabeth; Baldoni, Martin; Verzini, Enrique Daniel y otros; y en el cual se ha hecho lugar a una medida cautelar de no innovar presentada por la comunidad contra el Sr. Enrique Daniel Verzini. Expte. B-246580/10, radicado en Cámara Civil y Comercial, Sala 2, Caratulado: Medida de No innovar: Comunidad Aborigen Tilquiza C/ Verzini, Enrique Daniel, quien viola e incumple permanentemente.

Asimismo, el territorio comunitario de la Comunidad Indígena Tilquiza cuenta con reconocimiento de ocupación y posesión actual, tradicional y pública en los términos de la ley nacional de orden público 26.160 y su prórroga 27.400 vigente, conforme Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, a través de carpeta técnica mediante Resolución N° 642/12, emitida por el INAI, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Destacando que las reiteradas denuncias realizadas por los miembros de la comunidad se encuentran sin respuesta, en proceso de acumulación en la Fiscalía de investigación Penal N° 8, a cargo del Agente Fiscal Atilio Bossati, por instrucción especial MPA Nº 04/17 del fiscal general del Ministerio Público de la Acusación Dr. Sergio Enrique Lello Sánchez, a quien se le solicitó el 14 de diciembre pasado, investigación, procesamiento e imputación urgente a las personas violentas, Ariel Amaranto y Daniel Enrique Verzini, ante la gravedad de los hechos denunciados, como así también se requirió que se de participación al INAI y a la Secretaria de Pueblos Indígenas de la Provincia de Jujuy, como Organismos del Estado garantes de los derechos de los Pueblos Indígenas; ante lo manifestado, “el Fiscal General se comprometió en principio, a realizar medidas procesales correspondientes, antes de fin de año”. Como así también se generó Expte. Nº MPA-306/2.007 caratulado “Actuaciones Administrativas por nota del Consejo de Delegados de las Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya”.

Por la profundización de amenazas y riesgo de muerte latente a la que están expuestos los miembros de la comunidad, el cacique expresa “seguramente dirán que no hay prueba suficiente y todos los requisitos que nosotros los pueblos originarios necesitamos para que actúe la justicia, pero nos preguntamos porque los terratenientes pueden contar con la policía todas las veces que quieran” continua su relato diciendo “nos preguntamos si alguna vez la justicia podrá actuar para prevenir un hecho no deseado? o sea anticiparse a lo que decimos de todas las maneras posible, estamos al borde de la muerte", “creemos en la justicia y esperamos que actúe de acuerdo a las circunstancias, no queremos otro Javier Chocobar”; “todo esto nos provoca daño espiritual, en nuestra salud y vulnera así todos nuestros derechos reconocidos legalmente a los Pueblos Indígenas”. “Ya se realizaron nuevamente las correspondientes denuncias y resistiremos en el territorio del cual somos poseedores ancestrales y del que solo muerto nos desalojaran”. “Por todo lo expuesto y ante la necesidad de un rápido actuar por la reiteración constantes de amenazas e intento de homicidio, solicitamos medidas urgentes que garanticen el cese de los hechos denunciados; como así también sentimos mucho temor, por lo que responsabilizamos al terrateniente Daniel Verzini, su encargado Ariel Amaranto y los auxiliares de la justicia por cualquier daño que pudiere ocurrir con la integridad física de todos los miembros de la Comunidad Indígena Tilquiza”.

El CDCAPO se declara en alerta, repudiando los hechos ocurridos y espera el acompañamiento Institucional del INAI y la Secretaria de Pueblos Indígenas, haciendo las presentaciones en los ámbitos que correspondan, se designen y habiliten a los territoriales de la Región NOA, con el objetivo de prevenir situaciones no deseadas. También se solicita al INAI la reactivación del Equipo de Mediación, acordado con las Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Región NOA (OPI-NOA).

El CDCAPO y OPI-NOA esperan que las autoridades competentes resuelvan cuanto antes la situación, considerando la visita del ayudante Fiscal Nino Fernández en el mes de agosto de 2017, porque la Comunidad Originaria Tilquiza sufre a diario hechos de violencia y vulneración de derecho.

Por Néstor Darío Jerez
Fecha: 12/4/2018

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